Tras hablar de culturas (1 y 2), naciones y derecho de autodeterminación, y tras haber hablado de cómo concibo la libertad, por fin puedo hablar de algo que se deriva de todo esto: Mi forma de ver la estructura del estado.
Me centraré aquí en el reparto de competencias, es decir: Qué niveles deben tener qué poderes. Entiendo por competencias tanto la decisión y recogida de impuestos, como la posibildad de legislar sobre un tema, como el gasto público en un determinado tema. Todo lo que hace un estado, en suma.
1. Acerca de los niveles.
Con “niveles” me refiero al hecho de que el gobierno (en sentido amplio) de grupos humanos suele estructurarse en niveles jerárquicos, cosa que es práctica y tiene mucho sentido. Por ejemplo, Nüremberg es una ciudad, parte del Estado de Baviera, parte de la República Federal Alemana, la cual es parte de la Unión Europea. Todos estos niveles tienen sus competencias.
Sin embargo, esta estructura no es simple: La RFA pertenece también a la Organización de Naciones Unidas (ONU), y a la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA). Hay varias jerarquías superpuestas, en algunos casos tienen los mismos “temas”, en otros casos no. El primer caso, francamente lo considero una pena (la UE debería pertenecer a la ONU, no sus estados miembro). En el segundo, puede tener su utilidad… a nadie le ha hecho daño que Escocia e Inglaterra tengan representaciones separadas en la FIFA, que yo sepa.
En todo caso, para el resto del aporte, hablaré de una estructura jerárquica simple que va desde el individuo hasta toda la civilización terrestre. Creo que mis reflexiones pueden extrapolarse al resto sin problemas.
2.
Supongamos que existen, en un momento dado, niveles: Individuo, asentamiento, comarca, provincia[1], estado, región[1] y planeta[2]. Estaremos de acuerdo en que lo mejor (lo óptimo) es que cada competencia se encuentre en su nivel óptimo, es decir en aquel nivel que puede tomar esa decisión de la mejor forma posible. Hay varias “fuerzas” que “mueven” el nivel óptimo hacia arriba o hacia abajo:
- El principio de solidaridad nos dice que los que más tienen deben dar a los que menos. Eso exige alguien que gobierne sobre ambos. Es decir, que la decisión sea lo más general posible, para que el reparto sea lo más general posible.
- Las economías de escala nos indican que cuanto más alto sea el nivel de decisión de algo, más poder tendrán esas decisiones, y más eficientemente podrán ser llevadas a cabo.
- La naturaleza misma del problema puede indicar un determinado nivel de decisión, alto o bajo, como el más adecuado: la contaminación atmosférica, por ejemlo, puede ser combatida en un nivel global de forma mucho más eficiente que en cualquier otro nivel - tenemos una sóla atmósfera, y el aire no conoce fronteras.
- El principio de subsidiareidad nos indica que los organismos más locales son los que mejor concen los problemas, sus prioridades, y la forma adecuada de resolverlos. Cuanto más bajo sea el nivel de toma de decisiones, por tanto, mejor.
Para cada problema hay un nivel de decisión óptimo. Las competencias, por tanto, también tienen un nivel de decisión óptimo. El problema es descubrirlo, claro… un problema en el que no entraré porque la forma depende del problema y porque prefiero que mis aportes ocupen menos espacio que la Biblia.
Lo que desde luego no “está escrito” (ya que estoy bíblico) es que ese óptimo sea:
- el mismo para todas las competencias - y -
- el mismo para todas las épocas
A cada época y competencia corresponderá un óptimo. Y por tanto, la estructura del estado debe ser tal que permita que las competencias fluyan y cambien de nivel. No hay - repito, no hay - una única estructura del estado, federal o centralista, confederal o anarquista, que vaya a ser siempre la óptima. No tenemos garantía alguna de eso. No debemos defender ningún reparto de competencias como “el” correcto, sin más, y fijarlo en leyes pretendidamente universales y eternas.
3.
¿Cuál debe ser el mecanismo para que las competencias cambien de manos? Partiendo del derecho a codecidir en los que nos afecta, en la medida en que nos afecta (¿recuerdan?). Las decisiones deben ser por tanto democráticas, pero es una democracia que tiene en cuenta quiénes son los afectados, y en qué medida son afectados.
Supongamos que en una provincia llamada Santa Media Luna (población 2 millones de habitantes) una cantidad significativa de personas desean que la misma obtenga una serie de competencias que pertenecen a un estado llamado Chavizia (10 millones de habitantes). Este estado está, a su vez, integrado en una región llamada Ostamérica (400 millones), situada en algún lugar del planeta (6.000 millones, para simplificar).
La solución ideal será una decisión democrática, en la que o bien los pueblos, o bien sus representantes electos, tomen decisiones (si / no) cuyo peso dependerá de (a) la cantidad de población que representan y (b) hasta qué punto esa población es afectada por la decisión.
Desde luego, esto último puede ser objeto de fuertes debates políticos, y muy posiblemente las primeras veces que se aplique este sistema harán falta complejos sistemas de arbitraje. Luego, los casos predecentes pueden ayudar a acelerar y simplificar las cosas. Supongamos que el resultado de las negociaciones para ponderar el voto es el siguiente:
- Habitantes de Santa Media Luna: Cada voto cuenta 1.
- Habitantes del Chavizia (que no forman parte de la provincia): Cada voto cuenta 0,4.
- Habitantes de Ostamérica (que no forman parte de Chavizia): Cada voto cuenta 0,05.
- Resto de habitantes del planeta: 0,01.
Algunas de estas decisiones se tomarán por referéndum. En otras bastará con que los representantes (por ejemplo, de cada estado del planeta que no está en Ostamérica) envien su voto. En todo caso, el resultado final será la suma ponderada de los votos democráticos de todas las personas afectadas, en la medida en que son afectadas.
4.
Es decir, no defiendo el derecho de autodeterminación. Pero sí defiendo el derecho de co-determinación. Todas las decisiones sobre competencias pueden llevarse a cabo asi (si no se alcanza un consenso político antes, claro).
- Decisiones “normales” sobre quién legisla sobre que tema.
- La separación de una unidad de otra a la que pertenece.
- El traspaso de todas las competencias de un nivel a niveles superiores o inferiores, haciendo desaparecer el nivel.
- La creación de niveles intermedios entre dos niveles, para temas concretos o en general.
La división inicial que hice (individuo, asentamiento, etc…) tampoco está escrita en piedra. El sistema que propongo permite la creación democrática de niveles intermedios allí donde sean necesarios (municipios coordinados de una megápolis, provincias del planeta productoras de café), siempre y cuando se respete el derecho de cada ciudadano a codecidir.
Esto no impide que determinadas decisiones especialmente relevantes puedan requerir mayorías repetidas (por ejemplo, hacer dos referéndums separados por el tiempo) o cualificadas (por ejemplo, exigir el 50% de los electores y no de los votos). La prudencia es buena consejera y algunos cambios requieren ciertas garantías de que la población no va a arrepentirse al día siguiente, de que la decisión es firme.
Pero nada de fronteras inamovibles y eternas. La irracionalidad del nacionalismo no se combate con la irracionalidad de la historia.
[1] uso “región” para las regiones supraestatales como la Unión Europea.
[2] dado que aún no hay residentes en la ISS, sino sólo tripulantes, podemos dejarlo así.
Interesante idea, la verdad. Ya puedo imaginarme cómo funcionaría en un caso concreto como el que afecta mi ciudad.
Hay dos ciudades separadas por un río, “aquella” ciudad es de unos 50 mil habitantes, “esta” ciudad es de unos 80 mil. Ambas ciudades basan parte de su subsistencia en el río. “Aquella” ciudad decide contruir una planta que probablemente contaminará el río. De suceder esto cláramente vemos que afectará a ambas ciudades.Este es el escenario.
Ahora bien, “aquella” ciudad pertenece a un estado, y “esta” ciudad a otra.
¿Cómo imagina usted que se resolvería esta cuestión según su estructura estatal?.
Dado que no tenemos precedentes (eso será al comienzo siempre un problema) sería una comisión de expertos lo más imparcial posible (por ejemplo, expertos de Japón, Francia, la India…) la que decidiría hasta qué punto cada una de los siguientes regiones es afectada por el problema:
Ciudad A, ciudad B, provincia etc… de la ciudad A, lo mismo de la ciudad B, país de A, país de B, región de A (y B?), planeta.
Eliminemos los niveles que no tengan competencias ni en la industria ni en el medio ambiente.
Luego hay un decisión. Puede ser por referéndum en las ciudades A y B y usando representantes en el resto. Probablemente el voto de cada ciudadano de A y B va valer 1 o muy cercano a 1 (eso pone la balanza a favor de “esta” ciudad), pero cuenta también el voto de los países afectados y del planeta.
Para asegurarse la victoria, muy probablemente, “aquella” cuidad deberá ofrecer algo a alguien. O bien limitar o incluso evitar la contaminación, o bien ayudar económicamente a reparar otros problemas ambientales, o bien repartir la riqueza producida…
Del mismo modo, si “ésta” ciudad se ve en minoría (por ejemplo porque el país de “aquella” ciudad está más poblado y los expertos han decidido que la decisión les afecta más o menos lo mismo que al país de “ésta”) se verá obligada a ofrecer algo a cambio: ayudar a la economía de “aquella”, conceder permisos de explotación de otros recursos al país de “aquella”, etc.
Con suerte, de hecho, durante el proceso de decisión y ofertas, antes del referéndum, se alcanza un consenso. Mediadores profesionales deberían ocuparse de intentarlo… pero eso es algo que ya se podría estar haciendo ahora, y no se hace. En fin.